España definirá durante este 2010 su estrategia de seguridad e intentará también que Europa haga lo propio en el ámbito comunitario en el primer semestre del año, durante la presidencia de turno de la UE, que implicará fuertes dispositivos policiales para velar por su buen desarrollo.

Los principales retos del Gobierno en materia de seguridad son promover esas dos estrategias de seguridad, aunque su mayor preocupación será que todo salga bien durante la presidencia de la Unión, que el despliegue policial funcione y que el terrorismo no aproveche la ocasión para hacerse notar de nuevo, como estos días ha advertido el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba Miles de agentes integrarán los dispositivos de seguridad con los que se pretende garantizar que todo transcurra con normalidad en los cerca de 350 encuentros que se repartirán entre casi todas las Comunidades Autónomas, entre ellos alrededor de una decena de cumbres de jefes de Estado y Gobierno.

El Gobierno ha reservado más de 19 millones de euros de los 90 presupuestados para la presidencia española para garantizar la seguridad de estas cumbres internacionales, entre ellas la de la UE-EEUU, que traerá a Madrid al presidente norteamericano Barack Obama el 24 y 25 de mayo.

La presencia de Obama conllevará un amplio despliegue de las distintas unidades de la Policía y la Guardia Civil en la capital, como también lo hará días antes, el 18 y 19 de mayo, la de UE-América Latina y Caribe, que congregará a alrededor de 60 países.

La tercera gran cita de la presidencia, que requerirá un amplio despliegue policial, será la II cumbre de la Unión por el Mediterráneo, que tendrá lugar el 7 de junio en Barcelona.

Para el Ministerio del Interior, el éxito de la presidencia española de la UE es "una cuestión absolutamente prioritaria", tal y como ha insistido Rubalcaba, que pretende desarrollar una estrategia de seguridad interior que analice nuestras debilidades y fortalezas frente a los riesgos y amenazas a las que nos enfrentas.

Esta estrategia permitirá planificar el esfuerzo coordinado de las Administraciones Públicas nacionales y comunitarias y quedará plasmada en un documento sencillo pero contundente, según el minist.

Se trata de elaborar un documento como el que ya existe en relación a la seguridad exterior, cuyo principal impulsor fue Javier Solana, quien ha sido en los últimos diez años Alto Represenante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE.

Por su experiencia y conocimiento, el Gobierno ha encargado a Solana elaborar un documento que no existía y en el que se definirá la estrategia española de seguridad, una de las propuestas del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso de investidura.

En este documento, que deberá estar listo antes del próximo 30 de noviembre, se definirán los objetivos, se señalarán prioridades, se cuantificarán dotaciones y se planificarán los esfuerzos organizivos y presupuestarios.

El análisis de los riesgos y amenazas permitirá "formular las líneas estratégicas de actuación no solo desde la perspectiva de la defensa militar o con la seguridad ciudadana, sino desde todos los aspectos que un concepto moderno de seguridad exige hoy día", según Interior. Una de las amenazas a la que sin duda se aludirá en los documentos español y europeo será el terrorismo.

España planteará la necesidad de que se intensifiquen las relaciones entre los Centros de Coordinación Antiterroristas de los Estados miembros para ser más eficaces en la lucha contra el terrorismo puesto que la actividad de los terroristas yihadistas se desarrolla habitualmente en distintos países.

La prevención y el intercambio de buenas prácticas en la lucha contra la radicalización y contra el reclutamiento de potenciales terroristas será también objeto de especial interés, máxime después del fallido intento de atentado en un vuelo procedente de Amsterdam cuando estaba a punto de aterrizar en Detroit (Michigan).

España ya ha gestionado una presidencia bajo los efectos demoledores del terrorismo. En la última, en 2002, y con José María Aznar en su segunda legislatura, estuvieron muy presentes atentados del 11 de septiembre del año anterior.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció hoy que el Ejecutivo aprobará el próximo 22 de enero medidas laborales que someterá posteriormente a la consideración de las organizaciones empresariales y sindicales, y una semana después, el 29 de enero, dará luz verde a una reforma de la ley de pensiones públicas y de Seguridad Social que remitirá al Pacto de Toledo.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido para hacer un balance del año 2009, Zapatero indicó que estas nuevas medidas laborales se centrarán en cambios en la negociación colectiva, así como en favorecer la contratación de los jóvenes y abordar la dualidad del mercado laboral y la precariedad.

Dicho esto, quiso dejar claro que el Gobierno no contempla "ninguna cuestión relativa a cotizaciones sociales" que, según recordó, quedó aparcada en julio tras la ruptura del diálogo social, ni tampoco nada que tenga que ver con las modalidades de contratación, "al menos como se han planteado desde las organizaciones empresariaes", matizó Zapatero, quien consideró que los temas relacionados con el coste del despido no pueden ser una "cuestión central" para modernizar el mercado laboral español.

No obstante, señaló que la agenda de temas en el diálogo social será "amplia" y que el Gobierno oirá las propuestas de los empresarios y de los sindicatos. Ahora bien, recalcó que es preciso que este acuerdo llegue en el primer trimestre. "Si puede ser en febrero, mejor que en marzo", añadió.

Zapatero destacó que, a pesar de la "durísima" crisis económica, se ha mantenido la paz social, por lo que agradeció el "sentido de la responsabilidad" de los agentes sociales, lo que ha contribuido, dijo, a la capacidad de ayudar a la recuperación económica.

"El diálogo social ha sido un cauce fundamental para integrar y sumar esfuerzos en favor de la prosperidad del país y del bienestar social", subrayó Zapatero, quien no obstante lamentó que en julio no se pudiera rubricar un acuerdo para incorporar cambios en el ámbito laboral.

"Estamos esperanzados de que el proceso de diálogo recuperado entre empresarios y sindicatos, también con la participación del Gobierno, facilite en el primer trimestre un acuerdo social en el ámbito del mercado de trabajo", añadió.

PLAN DE AUSTERIDAD Y PETICION A CC.AA. Y AYUNTAMIENTOS. Junto con la reforma de la ley de pensiones y de la Seguridad Social, de la que Zapatero no quiso adelantar nada, también anunció que el mismo día 29 de enero el Ejecutivo aprobará un plan de austeridad para la Administración General del Estado, sobre el que el Gobierno está trabajando de manera "muy intensa".

Se trata de hacer realidad, añadió, con compromisos fijos las iniciativas de reforma, de modernización y de consolidación fiscal, que son "esenciales" para afianzar el crecimiento y en la que deben participar necesariamente las comunidades autónomas y las entidades locales. En este sentido, señaló que la crisis económica ha provocado que las cuentas públicas hayan pasado de un superávit a un déficit "importante", que el Gobierno se propone corregir y situar en el 3% en 2012.

Por ello, dijo que el Gobierno promoverá "distintas iniciativas" para que comunidades y ayuntamientos se comprometan también a reducir el gasto público, dado que prácticamente el 50% está en manos de estas administraciones.

"INCENTIVOS" PARA QUE LAS CC.AA. REDUZCAN SU DEFICIT. Así, dijo que primero hablará con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, para dentro del ordenamiento jurídico trasladar dichas iniciativas, entre las que citó la incorporación de "incentivos" para que comunidades y ayuntamientos se comprometan con la corrección de las cuentas públicas.

"El Gobierno va a presentar un plan muy exigente y desde ahí vamos a poner iniciativas para que las comunidades también incorporen este compromiso en los próximos años. Deseo primero hablar con Rajoy sobre este tema antes de ponerlas encima de la mesa porque, dentro del marco del ordenamiento jurídico y de la autonomía jurídica de las comunidades, será el camino político el que tenemos que explorar", reiteró.

LEY DE ECONOMIA SOSTENIBLE Y PLAN CONTRA EL FRAUDE. Además de todas estas iniciativas, Zapatero también anunció que el próximo 8 de enero se remitirá la Ley de Economía Sostenible a los órganos consultivos, con la intención de remitirla al Parlamento en febrero para que entre en vigor antes del verano.

Una semana después, el 15 de enero, el Gobierno aprobará un primer paquete de decretos de aplicación y desarrollo de la conocida como "ley ómnibus", que traspone en España la directiva de servicios de la UE. Para febrero, el jefe del Ejecutivo también adelantó que se aprobará un plan de acción contra el fraude fiscal y laboral.